La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo de Martín Sabbatella y, con ello, dejó firme su condena por abuso de autoridad a seis meses de prisión en el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley de medios. Sabbatella fue juzgado por hechos ocurridos durante su gestión al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (Afsca), un organismo creado durante el período kirchnerista.
La defensa apeló la condena y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo.
Sabbatella fue juzgado, junto a un grupo de exfuncionarios de la Afsca, por haber perjudicado al Grupo Clarín por una aplicación forzosa de la ley de medios, a traves de una “adecuación de oficio”. El único condenado fue Sabbatella; los demás acusados fueron absueltos.
Durante la instrucción de este caso, el entonces juez Claudio Bonadio dio por probado que “abusando del cargo público que ocupaba, Sabbatella ordenó y avaló un trámite diferencial y arbitrario” del expediente del Grupo Clarín, después de rechazar el plan voluntario que había presentado la empresa.
Bonadio entendió que, en comparación con la aplicación que hicieron otros grupos mediáticos como Telefé, Telecentro y Supercanal, entre otros, Sabbatella había actuado con “arbitrariedad” ante el plan de adecuación del Grupo Clarín.
En su última intervención antes del fallo, Sabbatella defendió ante el juez Lijo su accionar frente al plan presentado por Clarin, al asegurar que la empresa quiso engañar al Estado al presentar como readecuación una transferencia de acciones a sociedades con la que supuestamente compartía intereses.
“Es una causa inventada que solo se puede explicar desde el lawfare o la persecución política”, lanzó Sabbatella. Y sostuvo que hubo un pacto entre [el empresario Héctor] Magnetto y el juez Bonadio, como “una medida disciplinadora del Grupo Clarín para que a nadie más se le ocurra meterse con ellos”.
El fiscal Eduardo Taiano había reclamado un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras los abogados de la querella habían pedido una condena de dos años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos
Fuente: La Nación