Organizaciones sociales y políticas de la Ciudad de Buenos Aires presentaron una acción de amparo para intentar impedir la concesión de los medios públicos que impulsa el GCBA. Estos son: Radio AM 1110 —Radio de la Ciudad–, FM 92.7 —la 2×4— y el Canal de la Ciudad . Los denunciantes sostienen que la decisión es inconstitucional y aseguran que el traspaso a manos privadas «pone en peligro el acervo cultural de los porteños“. La acción se suma a los proyectos de ley que la oposición ya presentó en la Legislatura para intentar prohibir la concesión y establecer que los medios deben ser gestionados por el Estado porteño de forma «indelegable“.
Aunque la apertura de ofertas para licitación estaba prevista para el pasado 20 de abril, el GCBA finalmente decidió postergar la finalización del proceso para el próximo 12 de mayo. En esa ventana de tiempo se introdujo ahora la acción de amparo, impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el movimiento La Ciudad somos quienes la habitamos y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. De fondo, el amparo pide que se declare la «nulidad absoluta y la inconstitucionalidad» de la resolución que autorizó la licitación y sus pliegos, mientras que reclama, en el corto plazo, el “dictado urgente” de una medida cautelar “para suspender de manera inmediata el proceso licitatorio».
Contra la Constitución porteña
El planteo de inconstitucionalidad de la concesión de Radio AM 1110 —Radio de la Ciudad–, FM 92.7 —la 2×4— y el Canal de la Ciudad está basado en varios puntos. En primer lugar, las organizaciones indican que el paso a manos privadas viola lo establecido por el Artículo N°47 de la Constitución porteña, que estipula que el Poder Ejecutivo «gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución estatales mediante un ente autárquico».
Las organizaciones argumentan que esa gestión debe ser ejercida directamente por el Ejecutivo: “La delegación a corporaciones privadas de la definición de la grilla editorial y el manejo del personal constituye un vaciamiento de las funciones del Estado y viola el principio de gestión estatal indelegable», señala el amparo, que además agrega que el ente autárquico previsto por la Constitución nunca fue constituido. También subraya que la decisión del GCBA no pasó por audiencias públicas, “requisito previsto en el Artículo N°63 para casos de modificación del uso y dominio operativo de bienes públicos estratégicos, como el espectro radioeléctrico”.
En otro apartado, las organizaciones se refieren al patrimonio histórico y cultural que, aseguran, está “en riesgo” y detallan el valor de cada uno de los tres medios en cuestión. Sobre La 2×4, advierten que es la “única radio pública en el mundo dedicada íntegramente al tango” y que “el pliego licitatorio no cuenta con las salvaguardas suficientes para preservar esta identidad musical frente a opciones más rentables”.
En cuanto a la Radio de la Ciudad, sostiene que “posee casi un siglo de historia y alberga un archivo sonoro invaluable que funciona como la memoria de la ciudad”, mientras que el Canal de la Ciudad, creado originalmente en 2003 como Ciudad Abierta, “funciona como un espacio institucional que, además, tiene la obligación de televisar en vivo y sin cortes comerciales las sesiones de la Legislatura porteña”.
La decisión de avanzar con la concesión fue anunciada por el GCBA a principios de marzo. Entonces, fuentes del Gobierno porteño fundamentaban la medida al afirmarle a Página/12 que buscaban “hacer más eficiente el presupuesto de la administración pública y ahorrar en aquellos lugares en los que eso sea posible”.
La presentación judicial de las organizaciones se suma a las diversas acciones que los bloques de la oposición porteña ya vienen realizando en la Legislatura para intentar frenar la concesión. Desde que se conoció la noticia, tanto el bloque del peronismo como el de la izquierda presentaron pedidos de informes y resoluciones de rechazo a la decisión del GCBA. Uno de los proyectos, presentado por el bloque de Fuerza por Buenos Aires, busca establecer por ley “el carácter de Gestión Estatal Directa e Indelegable para el funcionamiento, operación, programación y administración” de los tres medios públicos.
La iniciativa propone, además, la estricta prohibición de “concesionar o delegar en terceros la dirección estratégica y la administración general, la definición de la programación y los contenidos, y el control editorial y la política comunicacional”. También se prevé que los activos de los medios sean “activos estratégicos inalienables” y que “no puedan ser enajenados ni cedidos para explotación privada”. Entre los activos se enumera a la infraestructura de transmisión, plantas y equipamiento técnico, los archivos sonoros, audiovisuales y digitales, y los sistemas de distribución y plataformas digitales.
A principios de abril, los y las trabajadoras de los medios públicos realizaron una conferencia de prensa a las puertas de la Legislatura con el acompañamiento de legisladores y legisladoras de la oposición. En un comunicado, la asamblea de trabajadores reclamó entonces “que se respete el Artículo N°47 de la Constitución de la Ciudad que garantiza la existencia de medios de comunicación propios de la Ciudad destinados a difundir la actividad oficial y a promover la cultura y la educación». “Los medios públicos cumplen una función esencial para la comunicación de una sociedad democrática: informar con objetividad, dar lugar a todas las voces y fomentarla cultura de la Ciudad”, agregaron.
Fuente: Página12