Luego de que el Juzgado Nacional en lo Civil N°8 prohibiera “la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre” al periodista Jorge Lanata y a su esposa, Elba Marcovecchio, la misma jueza civil Lucila Córdoba revocó el bozal legal que había provocado el repudio de gran parte del arco periodístico nacional.
La restricción de información que Córdoba había aprobado el pasado 26 y 27 de septiembre se había dado en el marco de una denuncia contra Marcovecchio por parte de Bárbara y Lola Lanata, las hijas del periodista que la acusaron de presuntamente sustraer una gran cantidad de bienes valiosos de Lanata mientras este se encuentra internado en terapia intensiva.
Según la denuncia, Marcovecchio realizó múltiples visitas al departamento de Lanata en la calle Esmeralda, el mismo edificio en que ella también reside, donde habría sustraído tanto “dinero en efectivo” como “objetos de gran valor económico y emocional”. Las hijas de Lanata acusan a la mujer de su padre de actuar “aprovechando la vulnerabilidad” del periodista, quien, debido a su estado de salud, no podía intervenir ni estar al tanto de dichas acciones. Entre los detallados en la demanda como sustraídos se encuentran: relojes de alta gama, obras de arte y sus respectivos certificados de autenticidad, joyas y otros documentos importantes. Las hijas del conductor describen en la denuncia que “Marcovecchio se presentó en varias ocasiones en el domicilio del periodista acompañada de personas ajenas al entorno familiar, y que durante esas visitas retiró estos bienes sin autorización”.
El fallo fue duramente criticado por organizaciones como la Academia Nacional de Periodismo, que rechazó el “bozal legal” a través de una nota firmada por su secretaria, Silvia Naishat, y su presidente, Joaquín Morales Solá. Según expresó el comunicado oficial, implica violaciones a un artículo de la Constitución, el derecho internacional y restricciones al acceso a la información pública. “La censura previa judicial y la restricción al acceso a la información pública son un peligro y una gravísima amenaza a la libertad de expresión y a la transparencia informativa“, declararon.
“Habiendo sido escuchado el causante de autos, su cónyuge y sus hijas, todas ellas presentadas en la causa, por la Señora Defensora de Menores e Incapaces y la Suscripta, presente el Actuario, según lo que resulta del acta labrada en el lugar de internación en el día de la fecha, se encuentra el proceso en condiciones de decidir respecto de las medidas de cautela que se han adoptado en cuanto a las restricciones de información de las constancias del expediente de la causa, relativas al estado de salud y familiar del señor Jorge E. Lanata.
Del mencionado instrumento resultan expresiones del causante, coincidentes con las de sus familiares antes enunciados. Refirieron en idéntico sentido que sobre la salud del señor Lanata no tienen inconveniente que se hable y esa es la voluntad de él. Concretamente al sujeto, que es el objeto de protección de este proceso, le pregunté: ¿Cuál es su voluntad en cuanto a que se brinde información respecto a sus circunstancias de salud y familiar?, a lo que contestó: ‘Uno siempre puede salir a responder’.
Notifíquese en forma urgente por Secretaría habilitando días y horas inhábiles a tales fines”.
Fuente: eltribuno.com